América Latina está perdiendo aceleradamente su sustentabilidad hídrica; sólo basta salir de las ciudades para comprobar que los ríos se están convirtiendo en estercoleros por el mal manejo del recurso, advirtió el director del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Javier Bogantes Díaz.
México, Perú y El Salvador, añadió, están en una situación de estrés hídrico, y si sus gobiernos no quieren pasar en pocos años de la alerta amarilla a la roja, tendrán que obligar a sus industrias a que cumplan las normas y reglamentos.
También hizo un llamado a la unidad de todos los sectores de la sociedad, incluidos los gobiernos, para considerar prioritario el asunto del agua. “Salvar las diversas fuentes del líquido no es sólo una decisión política, sino de toda la gente”, indicó.
En la cuarta audiencia pública, en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, representantes de Perú y México comentaron que la situación se torna más crítica porque las autoridades “dan más atención a quien tiene más poder económico o a quienes son afines políticamente”.
Bogantes Díaz puntualizó que los veredictos y resoluciones del TLA no son vinculantes, pero la difusión internacional de las sentencias y la condena moral de la comunidad internacional encausarán la búsqueda de alternativas para solucionar conflictos.
Insistió que el TLA no puede obligar a un Estado a tomar decisiones sobre los casos presentados. “Este es un tribunal ético y la formulación de sus pronunciamientos, hechos por expertos en derecho, salud y medio ambiente, tienen como propósito alertar a las autoridades que el asunto del agua es urgente, que no podemos seguir disfrutando de la naturaleza si seguimos poniendo en peligro la sustentabilidad hídrica de futuras generaciones”.
Casos analizados
En la jornada de ayer, integrantes del Frente de Defensa del Agua, al que pertenece la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Manantiales, de Cuatla, Morelos, expusieron que el año pasado se instaló en esa zona una gasolinera, que se encuentra a 350 metros del pozo El Calvario, que aporta 80 por ciento del líquido a las familias de la región.
Señalaron que las familias están en “alto riesgo”, debido a que la manifestación de impacto ambiental de la obra reporta 52 anomalías. Rolando Hernández, integrante del organismo, dijo incluso que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que hay riesgo alto de contaminación del acuífero, uno de los más importantes de la zona Chichinautzin-Popocatépetl.
“En México hay pocos estudios sobre el riesgo de contaminación por el confinamiento de combustibles, pero los que hay son alarmantes”, añadió.
En Estados Unidos, abundó, la autoridad ambiental ha localizado 200 mil sitios en condiciones similares que dejaron inutilizados las fuentes de agua. “No queremos lo mismo para nuestra región; sabemos que la normatividad de Pemex es muy laxa”.
En tanto, Silvia Espinoza, vecina de dicho fraccionamiento, agregó que en seis años de lucha, Rafael Anguiano Orozco, propietario de la gasolinera, y sus abogados han acusado de “mentirosos y corruptos” a los colonos. Incluso, Margarita Rosado Palomo, presidenta de la asociación, y Noé Neri Gutiérrez (vecino) fueron acusados de despojo, por lo que tuvieron que tramitar un amparo para no ser apresados. “Defender el agua no es un delito, pero al parecer para las autoridades del estado y del municipio sí, porque las demandas de la empresa han prosperado, pero no las de los colonos, a pesar de que hemos presentado documentos oficiales que sustentan diversas irregularidades”.
El representante legal de la gasolinera, Miguel López, negó los señalamientos de los colonos, y presentó diversos documentos de Pemex y de la Conagua, en los que se asienta que no existe contaminación de mantos freáticos.
